Un nuevo desahucio en Leganés ante la pasividad del Gobierno Municipal PSOE-IUCM


El lunes 21 se ha producido otro desahucio en Leganés, a pesar dela movilización de la PAH para evitarlo. Antonia, vecina de 62 años con unos ingresos de 356€ mensuales y en situación de especial vulnerabilidad, ha sido expulsada, sin alternativa habitacional, de la casa donde sus padres vivieron desde 1967.

Este injusto hecho se da en una ciudad cuyo Pleno Municipal ha aprobado en varias ocasiones mociones para garantizar el derecho a una vivienda digna, donde gobierna un partido (PSOE) que en su programa electoral (punto 409) prometía un “Leganés Desahucios Cero” y que firmó con la primera fuerza de la oposición (LEGANEMOS) un Acuerdo contra la Pobreza para desarrollar políticas que hicieran de Leganés una ciudad libre de desahucios.

El desahucio se ha ejecutado tras un proceso judicial con pocas garantías para la parte débil, dando orden de desahucio como medida cautelar sin juicio previo, notificándola con un grave error de forma al aparecer la SAREB como propietaria. En realidad, los titulares son ricos propietarios con negocios millonarios que, sin embargo, no aceptan negociar un alquiler social que Antonia pueda asumir.

El Gobierno del alcalde Santiago Llorente (PSOE-IUCM) ha demostrado nuevamente su falta de voluntad política para paralizar los desahucios y movilizar recursos para dar alternativas habitacionales concretas, llegando a parapetarse tras formalismos y responsabilizando de forma negligente a la propia afectada. Mientras, EMSULE tiene más de 100 viviendas vacías, 8 de ellas de alquiler, que no se facilitan ni a las personas sin recursos que han tramitado todas las solicitudes demostrando padecer una situación de emergencia habitacional.

Este Gobierno solo propone seguir aplazando el problema, profundizando en el modelo que nos ha llevado a esta situación: más construcción teniendo viviendas vacías de EMSULE y otras en manos del SAREB (rescate a la banca), que nos pertenecen a todas y todos.

Cualquier administración pública es competente en materia de Derechos Humanos: las personas que no pueden afrontar el alquiler por carecer de ingresos suficientes deben poder permanecer en la vivienda hasta negociar un nuevo precio acorde a sus ingresos, garantizándoles ayudas sociales o bien poder ser realojadas en una vivienda de protección pública. Ninguna persona puede ir a la calle sin ofrecerle una alternativa habitacional digna. Es lo que dicen las propias sentencias europeas que sistemáticamente se incumplen aquí.

Leganés se merece un Ayuntamiento que sea escudo de la gente: que utilice los recursos públicos en beneficio de la mayoría social, que impida los atropellos de los sectores privilegiados contra los vecinos y vecinas, que sea útil poniendo en marcha soluciones. Las palabras amables se las lleva el viento, la ciudadanía necesita hechos.

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