La FP en Madrid está en crisis. Está siendo objetivo de las mismas políticas de deterioro de los servicios públicos que está padeciendo la sanidad, como hemos visto con la Atención Primaria o con las urgencias extrahospitalarias.
La irresponsabilidad del Partido Popular con los servicios públicos está llevando a la FP a una situación de exclusión de las personas más vulnerables en su afán de derivar a la privada al alumnado.
En la Comunidad de Madrid, el 53,8% de los solicitantes de una plaza pública de Formación Profesional se han quedado sin plaza. Esto obliga a recurrir a la enseñanza privada a quienes quieren cursar formación profesional, pero no todo el alumnado que ha quedado fuera puede permitírselo; esto les supone una clara desventaja para la entrada en el mundo laboral. La Sra. Díaz Ayuso está acabando con la igualdad de oportunidades que la educación pública ofrece.
Este porcentaje se traduce en que un total de 34.281 personas no pudieron acceder a la oferta pública de Formación Profesional:
El 27% de los solicitantes de FP Básica
El 45% de los solicitantes de Grado Medio de FP
El 61% de los solicitantes de Grado Superior de FP.
La falta de plazas acrecienta la desigualdad si se tiene en cuenta que los ciclos de Formación Profesional con mayores tasas de empleabilidad, como los relacionados con sanidad o actividades físicas y deportivas, son de los que menos plazas dispone la pública, Por lo tanto, las personas con menor renta tienen menos oportunidad de acceder y esto es una forma de discriminación.
El agravio cometido contra la FP pública aún va más allá; el Gobierno de la Sra. Ayuso ni siquiera es capaz de gastar la financiación estatal destinada a la Formación Profesional de la red pública, teniendo que devolver el dinero público destinado a la mejora de la FP.
Esto perjudica a la financiación en las sucesivas anualidades, ya que uno de los criterios que se establece para recibir los fondos en las resoluciones que acaban de salir publicadas en el BOE de 8 de octubre, con la distribución de financiación estatal para 2022 destinadas por el Estado para la Formación Profesional a las comunidades autónomas, es no haber devuelto dinero en 2019 y 2020. Se trata de las resoluciones por las que se aprueban los criterios de distribución y la distribución resultante del crédito destinado en el año 2022 al Programa de Cooperación Territorial de Calidad en Formación Profesional del sistema educativo español y al Programa de Cooperación Territorial de Formación, Perfeccionamiento y Movilidad del Profesorado de Formación Profesional.
El Programa de Formación, Perfeccionamiento y Movilidad del Profesorado tiene como objetivo ofrecer la formación continua del personal docente que le capacite tanto para formar convenientemente a su alumnado como para ayudarle en el proceso de transición del mundo educativo al laboral, subvencionando tanto cursos destinados a la mejora de la Formación Profesional como los relacionados con la formación a lo largo de la vida.
El programa de Calidad pretende llevar a cabo actuaciones dirigidas a innovar y mejorar la calidad de las enseñanzas de Formación Profesional.
En las resoluciones se recogen los importes concedidos y los descontados por no haberse ejecutado importes concedidos en la anualidad anterior. En total, la Comunidad de Madrid ha dejado de recibir más de 1,8 millones de euros para Formación Profesional, que hubiesen podido destinarse a actuaciones de calidad en formación profesional del sistema educativo y a Formación, Perfeccionamiento y Movilidad del Profesorado.
No invertir el dinero que desde el Estado se hace llegar a la Comunidad de Madrid con el objetivo de promover la mejora de la Formación Profesional, es una irresponsabilidad y responde a criterios de estrategia para desviar el alumnado a la privada.
La preferencia de la Sra. Ayuso por la educación privada es ya conocida. Entre 2002 y 2020 el porcentaje de gasto en la concertada ha pasado del 13 al 19,26%. Esto ha restado recursos a la pública, donde se concentra el mayor porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales.
Desde Leganemos exigimos compromiso con los servicios públicos, exigimos compromiso con la educación pública y concretamente en esta moción exigimos compromiso con la Formación Profesional pública de Leganés y el resto de la Comunidad de Madrid, para que nadie quede sin la oportunidad de estudiar ya sea en la FP básica, Grado medio o superior, con garantías de poder incorporarse al mercado laboral en condiciones de igualdad
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Comunidad de Madrid a ejecutar la totalidad de la financiación estatal para la mejora de la Formación Profesional de la red pública.
SEGUNDO.- Instar a la Comunidad de Madrid a incrementar la inversión en centros públicos con el objeto de asegurar una educación pública de calidad.
TERCERO.- Instar a la Comunidad de Madrid a ofrecer toda la oferta formativa existente en centros públicos, de forma que finalice la situación actual en que hay determinados módulos que exclusivamente se ofrecen en centros privados.
CUARTO.- Instar a la Comunidad de Madrid a ampliar la oferta educativa pública atendiendo a la demanda del mercado laboral.
QUINTO.- Incrementar los apoyos y recursos humanos y técnicos para la atención a la diversidad en la Formación Profesional